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Dicta que infringe la ley: es el Departamento de Inspección y no el de Gestión el que debe comprobar los regímenes especiales de Sociedades, IRPF e IVA, lo que abre la puerta a que se puedan anular actuaciones de los últimos cuatro años.

El Tribunal Supremo (TS) cuestiona el control que hace Hacienda de determinados beneficios fiscales de que disfrutan las empresas, en una sentencia que amenaza buena parte de los propios ingresos del Impuesto sobre Sociedades y que impacta incluso en IRPF e IVA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que la Agencia Tributaria (AEAT) incumple la Ley General Tributaria (LGT) al encargarse el Departamento de Gestión y no el de Inspección de la comprobación de los regímenes especiales, y dictamina que las actuaciones que haya hecho en este sentido la AEAT quedan anuladas.

El caso afecta al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, que impugnó la regularización del Impuesto sobre Sociedades llevada a cabo a través de un procedimiento de comprobación limitada por el departamento de Gestión de la AEAT, lo que refrendó el TEAC, pero el Tribunal superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León le dio la razón, y esto llevó a Hacienda a recurrir al Supremo.

La sentencia del Supremo y sus efectos no se circunscriben a los colegios profesionales ni al resto de entidades que se sitúan en la misma esfera de control que enumera el artículo 9.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a los que afecta directamente (uniones, federaciones, confederaciones de cooperativas, colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras, sindicatos, fondos de promoción de empleo y Mutuas, Puertos del Estado y otras entidades e instituciones sin ánimo de lucro). El Supremo advierte de que “alcanza a una realidad extraordinariamente más amplia y comprensiva, la de aplicación de los regímenes tributarios especiales que, a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, son los que se enuncian en el Título VII de la norma, precisamente bajo la rúbrica de “regímenes tributarios especiales” (artículos 47 a 129 de la ley, más de la mitad de su articulado)”.

Aquí se incluyen elementos trascendentales del impuesto, como la consolidación fiscal, los grupos, los pagos fraccionados, la cifra de negocio, los establecimientos permanentes, además de Sicav y ETVE (ver información adjunta). Es decir, buena parte de las comprobaciones en los últimos cuatro años de un impuesto que recauda cerca de 23.000 millones en cada ejercicio.

Preocupación

Pero es que el tsunamino acaba aquí. El Supremo señala a los regímenes tributarios especiales, no sólo los del Impuesto sobre Sociedades, sino que también existen en otros impuestos, y que en el caso del IRPF afectarían al de deportistas y profesionales de élite o Ley Beckham, entre otros (ver información adjunta), según advierte Albert Mestres, socio de Toda & Nel-lo.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) muestra su preocupación con los efectos de la sentencia y ha remitido una carta al Ministerio en la que le reclama que modifique la LGT cuanto antes. Para el Supremo, la AEAT viene incumpliendo el artículo 141 de la LGT, que precisamente se denomina La Inspección tributaria, que en su apartado e) le reserva “la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales”.

Abogacía del Estado

La sentencia es muy crítica con los argumentos de la Abogacía del Estado, que sostiene que de una interpretación sistemática de la LGT no puede seguirse que los órganos de Gestión no puedan regularizar regímenes especiales de tributación. Y añade que “la diferencia entre la comprobación que puede llevar a cabo un órgano de Gestión tributaria y uno de Inspección radica únicamente en los medios que en ella puede utilizar uno u otro”. Para el Supremo, la ley establece de forma “evidente y abrumadora” que la competencia corresponde a la Inspección, no a la Gestión, y se está ante un supuesto de nulidad radical o absoluta. Tampoco le parece excusa el daño que este criterio puede hacer a las arcas públicas, como sostiene la Abogacía del Estado: “La sentencia del TSJ sienta una doctrina que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales y en la realización de un sistema tributario justo mediante la puesta en práctica de los principios proclamados en el artículo 31.1 de nuestra Constitución.

En efecto, son muchos los supuestos en que Gestión regulariza la situación de contribuyentes con regímenes especiales, de modo que, de no corregirse este criterio, podrían ser innumerables los supuestos en que la aplicación de esta errónea doctrina determinase una nulidad de pleno Derecho, lo que tiene gran trascendencia al afectar significativamente a la recaudación de fondos para la contribución de las arcas públicas”.

La sentencia entiende que este razonamiento “está en buena medida lastrado por la práctica, uso o hábito administrativo contrario a la ley, intentando reducir al absurdo, como si se tratase de una medida generalmente desproporcionada o excesiva, la obligación de seguir el procedimiento de inspección en los casos en que bastaría con sustanciar un procedimiento de gestión, atendida su escasa complejidad [...] lo que no es sostenible si se atiende a los imperativos términos del artículo 141.e) de la propia ley.

Sólo prescindiendo de dicho mandato legal, que no admite excusas ni evasivas, es posible sostener que el procedimiento aplicable depende de los medios que cabe utilizar en cada caso”. “Deber absurdo” En suma, añade el TS, “podría entenderse, con el Abogado del Estado, que se trata de un deber absurdo o susceptible de ser matizado por vía de razonable exégesis sistemática, pero tal posibilidad solo sería admisible si la reserva legal del artículo 141.e) de la LGT no fuera, de suyo, imperativa e insoslayable”. Y concluye: “Es menester recordar que no hay un interés general superior, en el orden constitucional, al de que la ley se cumpla; del mismo modo que el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización servicial que lo gestiona –lo debe gestionar–”.

Al Supremo sólo le queda anular la regularización: “Conforme a la muy reiterada doctrina de esta Sala, precisamente acuñada en relación con la aplicación indebida del procedimiento de comprobación limitada, la selección por la Administración, para el ejercicio de sus facultades, de un procedimiento distinto al legalmente debido, conduce a la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que les pongan fin, por razón de lo estatuido en el artículo 217.1.e) de la LGT”.

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