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La Comisión de Hacienda del Congreso aprobará hoy el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal y lo remitirá al Senado, donde se prevé que quede definitivamente validado sin cambios. El pasado martes, la Cámara Baja reactivó la tramitación de la norma, que había quedado paralizada en diciembre por discrepancias entre el PSOE y Podemos. La nueva consigna es que la formación morada puede transaccionar enmiendas de otros grupos que no sean su socio de gobierno, con lo que hoy pueden incorporarse distintas iniciativas, después de que el martes se negociara la inclusión de la mayoría de las que ha registrado el Grupo Socialista e, incluso, una del PP. Pero esto no significa que estén ya aprobadas, todas siguen abiertas y deben votarse hoy. Entre las enmiendas del Grupo Socialista que en principio se acordó incluir el martes, se encuentran la que avala las inspecciones por sorpresa de la Agencia Tributaria tras ser anuladas por el Tribunal Supremo en octubre, la que eleva la tributación de las Socimis y grava el 15% de sus beneficios no distribuidos y la que endurece los requisitos para invertir en Sicav y crea un régimen transitorio.

La sentencia del Supremo anuló por defectos de motivación la autorización judicial que habilitó a Hacienda para entrar en el domicilio de una empresa que había tributado por debajo de la media del sector, argumentando que no se podía permitir el acceso por una “corazonada” o un propósito “meramente prospectivo”. La sentencia, además, dictó que la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, como exigen los artículos 113 y 142 de la Ley General Tributaria. La reforma que promueve Hacienda pasa por modificar el artículo 113 para que permita la entrada en las labores preparatorias de la inspección, antes de iniciarla.

Para las Sicav, la norma fija requisitos de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una Sicav por compartimentos, para contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Para aquellas sociedades que se disuelvan por esta regulación, se plantea un régimen transitorio de seis meses exento de impuestos, incluida la tasa Tobin, condicionado a la reinversión en otros instrumentos. Las enmiendas se registraron el 23 de diciembre y desde entonces quedó el proceso parado. Podemos no registró finalmente las que tenía, que pedían más medios para la Agencia Tributaria o hacer inspectores a los 9.000 técnicos de Hacienda, y no se mostraba proclive a votar a favor de las del PSOE. La reactivación fue avanzada hace días por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de los capítulos de su competencia del Plan de Recuperación, dado que esta ley, con la que prevé recaudar más de 800 millones, forma parte central de los proyectos que el Gobierno ofrece a Bruselas.

También hubo acuerdo el martes sobre una enmienda del PP para modificar la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio dirigida a equiparar el tratamiento fiscal de los residentes con los no residentes en los mismos términos que ya se contemplan para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hasta ahora, se había incorporado la equiparación a instancias de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por diferencias en el trato fiscal de donaciones y sucesiones entre residentes y no residentes del espacio comunitario. Con esta propuesta, se recoge el derecho del contribuyente no residente a la aplicación de la normativa propia donde radique el mayor valor de sus bienes y derechos, con el fin de evitar nuevos litigios.

Sin embargo no hay acuerdo de momento sobre enmiendas del PSOE que no concitan consenso, como la que asesta un golpe a los beneficios de los pactos sucesorios de algunas comunidades o la que dificulta el ejercicio de los agentes de aduanas.

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