El tipo nominal es el undécimo de la OCDE y el efectivo supera el 21%.

España perdería ingresos al sustituir la tasa Google por el tributo global.

El pacto del G-7 para promover un tipo mínimo global del impuesto de sociedades para las multinacionales supone un paso histórico en el diseño de un marco fiscal internacional, pero está por ver si su puesta en marcha resulta igualmente revolucionaria en España. Después de todo, los economistas recuerdan que su tipo nominal del 25% es ya el undécimo más alto de la OCDE y que el tipo efectivo que pagan de media las empresas en España ya es superior al 15% que se baraja imponer como mínimo. De hecho, estiman, superaría el 21%. Esto sumado al hecho de que el pacto del G-7 incluye la supresión de los impuestos digitales locales, podría acabar rebajando la recaudación española una vez que el nuevo modelo impositivo internacional que se acabe acordando sustituya a la tasa Google vigente.

Así, el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) presentaron ayer un informe sobre el impuesto de sociedades español que detalla que entre las 36 grandes economías de la OCDE solo una decena cuenta con tipos nominales superiores al 25% español. Francia (30%), Portugal (31,5%), Alemania (29,9%), Italia (27,81%) e incluso EE UU (25,77%) arrojan tipos superiores una vez agregados los tipos centrales y regionales, mientras que hay cinco países con el mismo umbral que España, y solo siete por debajo del 20%. Destacan Hungría (9%), Irlanda (12,5%) y Lituania (15%).

A partir de ahí, el debate se centra en cuál es el tipo efectivo que las compañías acaban pagando una vez aplicados los beneficios fiscales a los que tienen derecho. Como resultado, la Agencia Tributaria estimó que las empresas españolas pagaron en 2019 el equivalente al 8,26% de su beneficio, si bien la cifra asciende al 21,44% de su base imponible, que es la realmente sujeta al impuesto. Para los grupos empresariales, los porcentajes eran del 5,11% y el 19,07%, respectivamente, y para el resto de firmas del 12,24% y el 22,94%. Luis del Amo, secretario técnico del REAF, considera necesario introducir en estos cálculos algunos ajustes adicionales “inevitables”, como son tener en cuenta las reglas para evitar la doble imposición de una misma cuantía o la posibilidad de compensar el pago de impuestos con bases imponibles negativas de ejercicios previos. Como resultado, ilustra el informe, los tipos efectivos “se acercan bastante a los nominales” situándose por encima del 21% incluso en el caso de los grupos empresariales.

A partir de ahí, conviene recordar que el pacto firmado por el G-7 el sábado para fijar un tipo mínimo de Sociedades global se compromete en paralelo a la “la eliminación de todos los Impuestos a los Servicios Digitales, y otras medidas similares relevantes”. Es decir, que de acordarse en el seno del G-20 y la OCDE y asumir su contenido, España se vería obligada a suprimir su flamante tasa Google, vigente desde enero. “Ha sido una cosa transitoria y lo razonable sería que desapareciera”, defendió ayer durante la presentación del informe José María Durán, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB).

El movimiento, sin embargo, podría arrojar una menor recaudación a la esperada por Hacienda para el impuesto digital, que grava al 3% la publicidad online, la intermediación o la venta de datos de firmas que facturan más de 750 millones. La expectativa es que permita ingresar 968 millones de euros este mismo año una vez que comience a liquidarse, con retraso, desde este verano.

Por su lado, el pacto para establecer una fiscalidad global implica dos pilares. Uno es el tipo mínimo en sí, que previsiblemente se fije en el 15% que defiende EE UU, lo que apenas dejaría 700 millones de recaudación a España, según el Observatorio Fiscal de la UE. Desde el REAF asumen, sin embargo, que esta estimación no recoge el impacto del otro pilar, que es el que busca evitar que las multinacionales tributen donde tienen su sede en lugar de donde está su negocio repartiendo esa recaudación. Esta pata aportaría cerca de un 15% adicional de ingresos, explica el IEB, con lo que España alcanzaría los 800 millones en total. Unos 170 menos que con Google.

Todo dependerá, en todo caso, del diseño final de la medida y del calendario, pues si bien Hacienda aspira a impulsar el tipo mínimo desde 2022, la sustitución.

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