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La Agencia Tributaria exige al titular que demuestre con pruebas la afectación del vehículo a la actividad profesional.

La Inspección de Hacienda ha comenzado a sancionar a los los titulares de vehículos de gama alta en renting, afectos a la actividad en un 50%, que se han deducido las cuotas soportadas de IVA en ese porcentaje y que no pueden aportar pruebas, aceptadas en Derecho, que demuestren esta circunstancia.

La Agencia Tributaria considera que "la presunción de afectación del vehículo, que puede destruirse mediante prueba en contrario, se aplica siempre que haya afectación efectiva del vehículo a la actividad, es decir, que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad..., circunstancia esta última que debe probar el sujeto pasivo. En otro caso no se deduce la cuota soportada en ninguna proporción. Solo una vez probada la afectación del vehículo a la actividad, opera la presunción del 50%".

El artículo 95.3 de la Ley del IVA señala que: ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%".

Diferente interpretación

Hasta ahora, los asesores fiscales venían considerando que la Ley del IVA, en su artículo 95.3, establecía que los vehículos automóviles se presumen afectados en un 50% a la actividad empresarial o profesional, por lo que las cuotas de IVA soportadas por el arrendamiento de vehículos mediante leasing o renting, serán deducibles en una proporción del 50%, lo que en general ha venido siendo pacífico con la Agencia Tributaria.

La Aeat aplica el artículo 99.2 de la Ley del IVA para determinar que corresponde al sujeto pasivo la carga de justificar, mediante prueba suficiente o argumentos basados en criterios lógicos, objetivos y prudentes, que el destino previsible de los bienes o servicios adquiridos le otorga el derecho a la deducción de las cuotas del impuesto soportadas o satisfechas en la adquisición.

Finalmente, entre los motivos para aplicar la sanción, se cita el artículo 105.1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que 'en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo'. Por ello, se determina que los contribuyentes no presentan ningún medio de prueba, "no siendo suficiente la mera manifestación del mismo". Por ello, concluye que no se ha acreditado que los vehículos se empleen en el desarrollo de su actividad, y que no existe afectación efectiva.

Leer más: https://economistas.es/wp-content/uploads/2022/05/z-p3inspe.pdf

Proyecto de Implantación de Solución de Ciberseguridad Centralizada

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: Se pondrán en marcha líneas de ayuda para el fomento de los servicios avanzados en materia TIC, mediante la aplicación de conocimientos y nuevas técnicas en el ámbito de la innovación empresarial que permitan la implantación de herramientas destinadas a facilitar el desempeño del teletrabajo y den un impulso al emprendimiento digital en la empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el principal objetivo mejorar, a través del uso de tecnologías digitales, la productividad y competitividad de las empresas, así como ofrecer alternativas laborales distintas de la tradicionalmente presencial, reforzando y potenciando así su crecimiento.
Se establecerán dos líneas de actuación:
1. Impulso del Teletrabajo: Conectividad y Oficina en la nube.
2. Impulso al Emprendimiento Digital.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implantación de Solución de Ciberseguridad Centralizada.

OBJETIVOS:
Específicos de la operación: “Desarrollar la economía digital incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”.
Del proyecto subvencionado: “Protección de las infraestructuras y activos de TI en el entorno local de la oficina y los accesos vía teletrabajo.”.

RESULTADOS PREVISTOS: Optimización de la ciberseguridad, asegurando los activos de TI y evitando la pérdida de datos por ataques, malas prácticas de uso y vulnerabilidades de los sistemas.

BASE REGULADORA: Orden de 9 de septiembre de 2020.

PRESUPUESTO: 8.450,00 €.

AYUDA RECIBIDA: 6.000,00 €.

FONDO: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)