Ribera considera "prácticamente nulo" el impacto del tributo, de un céntimo por envase no reutilizable, y rechaza la petición del PP de suspenderlo ante el alza de precios. 

Interpelado por el PP en el Parlamento, el Gobierno descartó ayer la posibilidad de suspender o retrasar más la aplicación del nuevo impuesto al plástico pese a los problemas que ha supuesto su puesta en marcha en las empresas o al sobrecoste que aporta en plena crisis inflacionista. El Ejecutivo alega que su impacto es "prácticamente nulo" mientras que su papel a la hora de desincentivar los envases de un solo uso es estratégico. 

"¿Tiene el Gobierno de España previsto aplicar una moratoria para retrasar la aplicación del Impuesto sobre el Plástico No Reutilizable, con el fin de no penalizar aún más a los consumidores y facilitar el acceso a los alimentos básicos?", preguntó durante el Pleno del Congreso el diputado del PP César Sánchez Pérez a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En respuesta, Teresa Ribera descartó cualquier marcha atrás y defendió que el impacto del impuesto es "prácticamente nulo". "Es tan sutil, tan discreto", ilustró, que el coste de la tasa por una botella de 1,5 litros de cualquier bebida es de 0,0135 euros, es decir "poco más de un céntimo". Un coste "sobradamente" asumible y que contribuye a desincentivar el uso de plásticos no reciclables, que "conviene que desaparezcan" y que, recoge Europa Press, otros países directamente han prohibido.

El impuesto entró en vigor el pasado 1 de enero, dando nueve meses de margen a su aplicación tras quedar aprobado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía de abril de 2022. A su vez, a petición de las empresas afectadas, el Ministerio de Hacienda, ha concedido seis meses adicionales para flexibilizar la liquidación del mismo. El tributo fija un gravamen de 0,45 euros por kilogramo de plástico destinado a envases de un solo uso.

La complejidad de su aplicación, no obstante, ha desatado las críticas de empresas y asesores fiscales, que denuncian los problemas y lagunas con los que nace un tributo que, según el PP, afecta a 2.400 compañías que emplean a 24.000 trabajadores, y que en la práctica, sostienen, supone "un impuesto a quien va al supermercado".

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