Noticias

Tras cerrar 2023 a la baja, gracias en parte a las válvulas de escape proporcionadas por la nueva Ley Concursal, como los planes de reestructuración y los procedimientos especiales para microempresas, los concursos empresariales han resurgido con fuerza en el arranque de 2024, preludiando un año difícil para el tejido productivo español. Entre enero y febrero, 1.249 empresas se vieron abocadas a solicitar la antigua suspensión de pagos, un 35,7% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos publicados ayer por Informa D&B, que muestran que las insolvencias van in crescendo, con 714 en febrero frente a las 535 de enero. El número de negocios en apuros es aún mayor si se contabilizan los planes de reestructuración (48) y los procedimientos especiales para micropymes(219), diseñados precisamente para evitar la entrada en concurso, que en muchos casos supone el pasaporte a la liquidación. Sumando estos procedimientos, el número total de empresas que se declararon en dificultades en los dos primeros meses del año ascendió a 1.516, un 48,4% más que en igual periodo de 2023. Todo ello sin olvidar que en solo dos meses se disolvieron 7.871 negocios, cifra similar a la del año anterior (7.979).

Este rebrote de los concursos empresariales se produce, paradójicamente, en un entorno de crecimiento y resiliencia económicos (aunque con una clara pérdida de fuelle ante la debilidad de la zona euro), pero evidencia que muchos negocios lo están pasando mal por el fuerte encarecimiento de la financiación registrado desde 2022 y la devolución de los créditos avalados por el ICO durante el Covid, que miles de pymes y autónomos tienen problemas para afrontar (se estima que más de 34.000 han incurrido ya en impagos). “El repunte de procedimientos concursales en esos primeros dos meses de 2024 viene en gran medida ocasionado por los tipos de interés, que lastran de manera absolutamente relevante la capacidad de las empresas, anudado a la necesidad de cumplir con las obligaciones contraídas con los préstamos ICO en plena pandemia y la posición de los acreedores profesionales en las negociaciones de planes de reestructuración”, señala a este diario Alejandro Rey, socio de RSGM Abogados, quien añade que “el acreedor profesional, condicionado notablemente por las garantías ICO, no se está mostrando proclive a la negociación preconcursal, abocando a muchas compañías al procedimiento concursal”. A esos problemas se unen los coletazos de la crisis inflacionaria y de costes, así como la mochila cada vez más pesada que las empresas cargan a sus espaldas en forma de continuas subidas del SMI y de más impuestos y cotizaciones sociales.

Con el telón de fondo del aumento de la morosidad, que entraña un claro riesgo de contagio a terceras empresas, Cataluña aglutinó el mayor número de concursos entre enero y febrero en términos absolutos, con un total de 359, un 52,7% más que en el mismo periodo del año pasado y el 28,7% de las insolvencias totales, en un contexto, además, en el que la fuga de empresas de la región por el procés volvió a acelerarse en el cuarto trimestre de 2023. En ese ránking de insolvencias, Madrid ocupó el segundo lugar, con 202 suspensiones de pagos entre enero y febrero, un 11,6% más; seguida de la Comunidad Valenciana, con 167 concursos (+15,9%) y de Andalucía, con 134 (+48,8%).

Las empresas que entraron en concurso en el arranque del año suman unas ventas de casi 1.200 millones de euros, dan empleo a unas 8.900 personas y si bien las insolvencias pertenecen a todo tipo de sectores económicos, se concentraron sobre todo en el comercio, con 327 suspensiones de pago, el 26% del total y un incremento del 51,3% sobre enero-febrero del año pasado; la construcción, con 232 (+28,8%); las hostelería, con 151 (+32,4%), y los servicios empresariales, con otras 151 (+71,5%).

Es un patrón que se repite en gran medida en las disoluciones de negocios, aunque no necesariamente en ese orden. Así, entre enero y febrero se disolvieron 2.011 empresas relacionadas con el sector de la construcción y las actividades inmobiliarias, mientras que dejaron de existir 1.637 negocios de comercio y 1.221 relacionados con servicios empresariales.

Leer más: http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/epaper/viewer.aspx?publication=Expansi%c3%b3n&date=07_03_2024&tpuid=2344&dummy=Nacional#page/24.

 

 

 

Proyecto de Implantación de Solución de Ciberseguridad Centralizada

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: Se pondrán en marcha líneas de ayuda para el fomento de los servicios avanzados en materia TIC, mediante la aplicación de conocimientos y nuevas técnicas en el ámbito de la innovación empresarial que permitan la implantación de herramientas destinadas a facilitar el desempeño del teletrabajo y den un impulso al emprendimiento digital en la empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el principal objetivo mejorar, a través del uso de tecnologías digitales, la productividad y competitividad de las empresas, así como ofrecer alternativas laborales distintas de la tradicionalmente presencial, reforzando y potenciando así su crecimiento.
Se establecerán dos líneas de actuación:
1. Impulso del Teletrabajo: Conectividad y Oficina en la nube.
2. Impulso al Emprendimiento Digital.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implantación de Solución de Ciberseguridad Centralizada.

OBJETIVOS:
Específicos de la operación: “Desarrollar la economía digital incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”.
Del proyecto subvencionado: “Protección de las infraestructuras y activos de TI en el entorno local de la oficina y los accesos vía teletrabajo.”.

RESULTADOS PREVISTOS: Optimización de la ciberseguridad, asegurando los activos de TI y evitando la pérdida de datos por ataques, malas prácticas de uso y vulnerabilidades de los sistemas.

BASE REGULADORA: Orden de 9 de septiembre de 2020.

PRESUPUESTO: 8.450,00 €.

AYUDA RECIBIDA: 6.000,00 €.

FONDO: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)